Doce Linajes de Soria

Los actos comenzaron con la celebración de la Santa Misa, siendo oficiada por el Rvdo. Sr. D. Ángel García y Rodríguez, presidente de Mensajeros de la Paz y premio Príncipe de Asturias, así como por el Rvdo. Sr. D. Jesús Junquera y Prats, canónigo de la Catedral de la Almudena, que son los capellanes del Cuerpo de la Nobleza de Asturias.

El acto estuvo presidido por don Manuel María Rodríguez de Maribona y Dávila, presidente de la Delegación de Madrid, y por el Sr. Duque de Maqueda.  La ofrenda floral a la Virgen la realizó la señora Duquesa de Maqueda, representada por la Ilma. Sra. Dª Irene de Rato, junto con el Embajador del Principado de Mónaco, el Sr. D. Patrick Van Klaveren.

Tras la ceremonia religiosa el acto continuó en la Real Gran Peña, donde el vicesecretario de la Delegación en Madrid, D. Alfredo Leonard, pronuncio unas palabras en nombre del presidente de la corporación, glosando las diversas actividades llevadas a cabo por el Cuerpo de la Nobleza de Asturias y agradeciendo la presencia  del Embajador del Principado de Mónaco, para terminar con un brindis en honor de S.M. el Rey y de S.A.S. el Príncipe Don Alberto II de Mónaco.

Por su parte el Embajador D. Patrick Van Klaveren respondió con un magnífico discurso haciendo hincapié en las excelentes relaciones que siempre han mantenido el Reino de España y el Principado de Mónaco por los fuertes lazos que les unen. Finalmente se sirvió un aperitivo seguido de almuerzo en los salones de la Real Gran Peña.

La vida de Doña Rosanna transcurrió entre su Piamonte natal, Sicilia, tierra de su marido, la Toscana y Roma, viviendo una vida discreta entregada a actividades sociales y caritativas, así como a la Causa Monárquica. Han sido innumerables las muestras de condolencias llegadas desde la Santa Sede, todos los puntos de Italia y el extranjero, especialmente de Casas Reales, con las que la Casa de Saboya Aosta se encuentra íntimamente ligada. Recordemos que el Príncipe Amadeo es hijo de la Princesa Irene de Grecia, primo de los Reyes de España, de Grecia, de Inglaterra, de Bulgaria, de Dinamarca, de los Príncipes de Prusia, de los Grandes Duques de Rusia, de los Condes de París o de los Duques de Calabria y que su heredero el Príncipe Aimón está casado con la Princesa Olga de Grecia. Es destacable que tanto el Príncipe Aimón como sus descendientes conservan los derechos históricos, que les pudieran corresponder, a la Corona de España, según las Leyes Antiguas, como descendientes de la Infanta doña Luisa Fernanda de Borbón, además de contar entre sus antepasados en línea directa a Amadeo de Saboya, Rey de España.

Los funerales tuvieron lugar el lunes a las once y media de la mañana en la Iglesia de la Annunziata de Turín, presididos por el Rector de la Basílica, con presencia de la Real Familia de Saboya Aosta al completo, miembros de la nobleza y de la sociedad italiana, representantes de la Orden de Malta, de la Cruz Roja Italiana de las Instituciones vinculadas a la Real Casa, la Secretaría de la Real Casa al pleno, siendo la más gruesa representación la de Rinnovamento de la Tradizione, encabezada por su Presidente y de numerosos monárquicos que reconocen a Su Alteza Real el Príncipe Amadeo de Saboya Aosta como Jefe de la Real Casa, en virtud de las disposiciones de Su Majestad el Rey Humberto II, de beata memoria, de las ordenanzas de la Casa de Saboya y del pronunciamiento de la Consulta de Senadores del Reino de 2006. Al terminar las exequias la Princesa Silvia ha agradecido personalmente las numerosas muestras de condolencia y la Real Familia ha saludado a las puertas del Templo a todas las personas que lo abarrotaban. Entre las flores que acompañaban a la difunta predominaban las rojas y blancas en alusión a los colores del escudo sabaudo.
El entierro se ha celebrado en la intimidad en Castiglion Fibocchi donde Sus Altezas Reales tienen su residencia.
Francisco Acedo Fernández Pereira.
Consejero Nacional y Delegado para Portugal y España Rnt.

Como ya anunciamos en una entrada anterior, el pasado 14 de abril de 2012, en plena primavera y con las calles de Sevilla oliendo a azahar, contrajo matrimonio la Dama del Linaje Santisteban de esta Casa Troncal Mariola de las Heras y Ojeda con el también Caballero Miguel Ángel Toledo y Fijo.

Un bello plano de la novia.

La boda contó con una nutrida concurrencia de invitados, pertenecientes en gran parte al mundo diplomático e internacional, entre los que destacaba un numeroso grupo de amigos dominicanos.

La representación de la Casa Troncal, que contaba con la asistencia de diversos miembros, estuvo ostentada por el Caballero Don Feliciano Riestra y Conejo, acompañado por su esposa Eva, elegantemente ataviada.

La novia, bellísima,  lucía un encantador vestido de encaje de chantilly, gasa natural y velo de tul, diseño de los afamados creadores sevillanos Victorio & Lucchino, mientras que su padre y padrino vestía el uniforme de Caballero de la Orden del Santo Sepulcro de Jerusalén, luciendo al cuello la Venera de la Casa Troncal de los Doce Linajes de Soria y en el pecho diversas miniaturas de corporaciones nobiliarias, junto a la Encomienda de la Orden del Mérito de Duarte, Sánchez y Mella, de la República Dominicana, de la que es titular. La madre de la novia vestía una singular creación en seda natural, color verde agua, salida, igualmente, de los talleres de Victorio & Lucchino.

El sí de los novios fue recibido por el Ilustrísimo Señor Don Antonio Muñoz Aldana, Vicario Episcopal de la Archidiócesis Badajoz-Mérida y Canónigo de la Santa Iglesia Catedral de Badajoz, muy vinculado a la familia De las Heras – Ojeda. Fueron testigos del sacramento amigos íntimos y familiares de los novios. Su Santidad Benedicto XVI, a través de la Secretaría de Estado del Vaticano, envió una especial Bendición Apostólica a los nuevos esposos, leída al final de la ceremonia, invocando sobre la naciente familia la continua efusión de gracias celestiales.

 Después de la ceremonia religiosa, los casi trescientos invitados fueron agasajados con un almuerzo servido en el Salón Real del Hotel Alfonso XIII, muy próximo al templo, seguido de fiesta hasta la media noche, animada con rumbas y bailes por sevillanas, pero en la que tampoco faltó el merengue, la salsa y la bachata.

El  Hotel Alfonso XIII, obra del arquitecto José Espiau y Muñoz, fue inaugurado el 28 de abril de 1929 con la celebración de un suntuoso banquete, presidido por el Rey Alfonso XIII y la Reina Victoria Eugenia, con ocasión de la boda de la Infanta Isabel con el Conde Juan Zamoyski.

De estilo neo mudéjar, concebido como el hotel insignia de la Exposición Iberoamericana de 1929, deslumbra por sus lámparas, artesonados, azulejos y sus valiosas alfombras elaboradas en la Real Fábrica de Tapices. Sus habitaciones fueron diseñadas para alojar a reyes, presidentes e invitados especiales asistentes a tan singular evento.

El Salón Real era el antiguo comedor principal del hotel, que destaca por su tamaño y ornamentación. En su interior puede admirarse once arañas de cristal de Bohemia y bronce patinado en oro, un artesonado palaciego y grandes puertas en arco orladas de caoba y azulejos.

Francisco Manuel de las Heras y la novia abriendo el baile.

Tras un año cerrado por remodelaciones, el exclusivo Hotel Alfonso XIII de Sevilla ha vuelto esta primavera a abrir sus puertas completamente renovado, pero manteniendo la esencia que lo convirtió en un icono de la realeza. El enlace matrimonial de Mariola y Miguel Ángel ha sido, precisamente, la primera actividad social celebrada tras su reapertura.

Los novios visitaron en su luna de miel Dubái, Singapur, Bangkok, Vietnam y Camboya, disfrutando de los atractivos de estos insólitos lugares y hasta de un viaje en el mítico Orient Express.

Bello primer plano de la novia.

La tarde antes de la ceremonia, los invitados extranjeros habían sido acogidos con un coctel de bienvenida, ofrecido en un crucero por el río Guadalquivir, desde donde pudieron contemplar una bellísima vista de la Sevilla monumental.

L’Ordine Mauriziano, invece, godette di una maggiore compenetrazione con lo Stato italiano, al punto che Vittorio Emanuele II con decreto del 20 febbraio 1868 stabilì, per ciascuna figura istituzionale dello Stato (magistrati, militari, sindaci, ecc.), il grado al quale poteva accedere nell’Ordine. Peraltro, già nel 1868 il Presidente del Consiglio dei Ministri interveniva nella formazione degli atti normativi relativi all’Ordine. Tuttavia il Governo dell’Ordine continuò a mantenere una grande autonomia rispetto allo Stato.
Per entrambi gli Ordini, tuttavia, non si è mai registrato nessun intervento da parte del Parlamento del Regno, atteso che gli atti normativi relativi ai due Ordini erano e rimasero fino all’ultimo nell’esclusiva disponibilità del Sovrano.
I titoli di governo utilizzati dai Re per questi due Ordini (Sovrano Gran Maestro per la Santissima Annunziata e Generale Gran Maestro per il Mauriziano, diversi da quelli di Capo e Gran Maestro o, semplicemente, di Gran Maestro utilizzati per gli altri Ordini del Regno) denotano una sostanziale eterogeneità dei due ordinamenti equestri rispetto a quello statale, con l’accentuazione di un principio di vera e propria indipendenza.
Nell’Ordine della Santissima Annunziata, addirittura, l’art. 62 degli statuti prevedeva che durante la minore età del Sovrano i cavalieri eleggessero tra di loro uno per il governo dell’Ordine e che a questo dovessero ubbidire come al Sovrano: una disciplina della reggenza diversa, quindi, da quella prevista dallo Statuto Albertino per il Regno e che poteva, in ipotesi, determinare l’evenienza che le funzioni di Capo e Sovrano dell’Ordine fossero svolte da persona diversa da quella che esercitava le funzioni di reggenza nello Stato. I Cavalieri, ancora, erano chiamati a prestare giuramento di fedeltà al Sovrano, intendendosi per tale il Sovrano dell’Ordine e non il Re. Il Sovrano dell’Ordine della Santissima Annunziata, infine, ai sensi dell’art. 67 degli statuti, in mancanza del sigillo dell’Ordine, poteva sigillare i provvedimenti dell’Ordine con l’anello di San Maurizio, con ciò rimarcando la compenetrazione ed inscindibilità della titolarità dei due Gran Magisteri che riconoscevano in un unico Sovrano (il Capo di Casa Savoia) il loro legittimo Capo: nessun cenno viene fatto, invece, alla possibilità di utilizzare il sigillo di Stato.
Logica conseguenza di tali constatazioni è che entrambi gli Ordini, sebbene “prestati” o, sarebbe meglio dire, “incardinati” (lo Statuto Albertino recita testualmente, all’art. 78, che “Gli Ordini Cavallereschi ora esistenti sono mantenuti con le loro dotazioni… Il Re può creare altri Ordini, e prescriverne gli statuti”) nell’ordinamento statuale italiano per il periodo in cui è stato mantenuto il regime costituzionale monarchico, continuarono, però, a mantenere la loro connotazione di Ordini Dinastici legati alla persona del Re in quanto Capo di Casa Savoia.
Il Re esercitava, pertanto, tale prerogativa come titolare di un suo autonomo potere, coadiuvato solo marginalmente dal governo, la cui partecipazione fu sempre estremamente limitata perché per l’istituzione di nuovi Ordini o per la riforma di quelli già esistenti (come era già avvenuto, ad esempio, con i decreti 14 dicembre 1855 e 1 settembre 1860, relativi all’Ordine Mauriziano) il Sovrano agiva in forza di un diritto proprio.
L’art. 78 dello Statuto, riservando al Re oltre alla facoltà esclusiva della istituzione di nuovi ordini anche quella di stabilirne gli statuti, gli attribuiva una vera e propria capacità legislativa per quanto concerne questa materia. Tale autonoma capacità legislativa della Corona comprendeva la facoltà di emanare norme relative sia al conferimento di distinzioni equestri sia alla loro revoca o caducazione. A questo faceva, evidentemente, riferimento il Consiglio di Stato (commissione speciale per i titoli pontifici) che nel suo parere del 19 giugno 1969 così si esprimeva: “secondo un’autorevole opinione dottrinale (Santi Romano), il Sovrano nella materia araldico-nobiliare (e quindi anche cavalleresca), non agiva tanto quale Capo di Stato, quanto come Capo della Dinastia (soggetto di autarchia)”.
La prerogativa regia in tema di conferimento di onorificenze cavalleresche e di distinzioni onorifiche in genere era da ritenersi assoluta ed esclusiva, nel senso che non solo non era consentito ad altri di arrogarsi la potestà di concedere simili distinzioni onorifiche, ma era esplicitamente vietato ai cittadini di accettare gradi equestri da una qualunque potenza straniera senza espressa autorizzazione del Re.
Scrive il Pezzana (Rivista Araldica) che: “l’avvento al potere della Sinistra non portò ad un mutamento, ma anzi ad un aumento del numero delle concessioni e alla teorizzazione del principio della Regia Prerogativa. In alcune materie si disse, e sia pure non senza contrasti la tesi prevalse, che il Re, nonostante il regime costituzionale, aveva conservato tutte le prerogative del Sovrano assoluto. Queste materie erano quelle dei titoli nobiliari, degli Ordini Cavallereschi, dell’ordinamento della Casa Reale, delle Chiese Palatine. In esse il Re poteva emanare non solo provvedimenti amministrativi ma anche legislativi e la controfirma ministeriale, quando era richiesta, aveva la funzione prestatutaria di certificazione dell’autenticità della firma reale, non potendo sorgere un problema di responsabilità politica (si veda, ad esempio, il rifiuto di accettare la discussione parlamentare sull’amministrazione dell’Ordine Mauriziano)”. Successivamente la dottrina in materia si arricchì con l’approfondimento fattone da Santi Romano che teorizzò il concetto di Regia Prerogativa nel senso che il Sovrano, anche se vertice di uno stato costituzionale, agiva nelle materie sopra ricordate quale soggetto di autarchia, e cioè, prima che nell’interesse dello Stato, nell’interesse proprio e in quello della Dinastia.
E’ utile rimarcare, in proposito, che tutti i testi legislativi e regolamentari in materia nobiliare vennero emanati con decreti reali, senza alcun intervento del Parlamento, senza alcuna espressione di parere da parte del Consiglio di Stato e, spesso, senza neppure quello del Consiglio dei Ministri.
Il Consiglio di Stato, con decisione della IV Sezione del 2 febbraio 1937 n. 62, dichiarando inammissibile il ricorso contro un decreto reale di revoca di un’onorificenza dell’Ordine della Corona d’Italia, rendeva bene questo concetto allorché affermava che il provvedimento era stato adottato dal Re “non come organo dello Stato, ma in nome proprio per prerogativa della Corona, come avviene in materia di titoli nobiliari”.
Ne consegue che le espressioni: – “l’Ordine della SS. Annunziata e le relative onorificenze sono soppressi”; – “l’Ordine mauriziano è conservato come ente ospedaliero e funziona nei modi stabiliti dalla legge”; – “cessa il conferimento delle onorificenze dell’Ordine dei Santi Maurizio e Lazzaro” ma “è tuttavia consentito l’uso delle onorificenze già conferite”, devono essere, quindi, correttamente interpretate mediante un processo di contestualizzazione storico-giuridica dei precetti ivi contenuti. Partiamo dall’Ordine della Santissima Annunziata che è quello, tra i due, che più ha mantenuto una posizione autonoma – al limite dell’indipendenza – dallo Stato e che la norma vorrebbe soppresso unitamente alle relative onorificenze.

Innanzi tutto cosa significa, riferito all’Ordine della Santissima Annunziata, che le relative onorificenze sono soppresse?
E’ chiaro che la soppressione di un Ordine equestre comporta di per sé, per il futuro, quella delle relative onorificenze, intese, queste ultime, come i gradi e le distinzioni onorifiche conseguibili attraverso l’atto di conferimento dell’Ordine, e pertanto, in questo senso si sarebbe trattato di una superfetazione.
D’altronde lo stesso art. 9 della legge n. 178/51, prevede pure la soppressione dell’Ordine della Corona d’Italia, senza nulla disporre per le relative onorificenze, e ciò avvalora la tesi che alla soppressione delle onorificenze della Santissima Annunziata debba attribuirsi un diverso ed ulteriore significato.
Peraltro le onorificenze già concesse potevano essere, semmai, revocate o ne poteva essere vietato l’uso, ma certo non soppresse, espressione che, se riferita al passato, è priva di significato logico.
Anche qui sovviene una lettura complessiva del citato art. 9: mentre per l’Ordine della Santissima Annunziata si dispone la soppressione dell’Ordine e delle onorificenze, per l’Ordine della Corona d’Italia si dispone la sola soppressione dell’Ordine e per quello dei Santi Maurizio e Lazzaro soltanto che cessi il conferimento delle onorificenze.
Appare sufficientemente chiaro come il legislatore abbia voluto diversificare la posizione dei tre Ordini ponendo in essere tre distinte situazioni giuridiche:
1. Per l’Ordine della Corona d’Italia (istituito durante il Regno d’Italia e considerato, quindi, patrimonio dello Stato) è stata disposta la soppressione (dalla quale scaturisce, ovviamente per il futuro, la cessazione del conferimento delle relative onorificenze), nulla statuendosi, però, in merito alle onorificenze già concesse, e con ciò ne è stato implicitamente consentito l’ulteriore uso;
2. Per quanto riguarda l’Ordine dei Santi Maurizio e Lazzaro non ne è stata disposta la soppressione, ma, in forza della più volte citata XIV disposizione transitoria e finale della Costituzione, esso è stato mantenuto (solo) come ente ospedaliero, con la perdita, però, della natura di Ordine equestre; in questo caso, tuttavia, l’uso delle onorificenze già concesse è stato espressamente previsto, ma al solo fine di sancire, con esso, il contestuale venir meno di ogni diritto di precedenza nelle pubbliche cerimonie.
3. Dell’Ordine della Santissima Annunziata ne è stata disposta la soppressione unitamente alle relative onorificenze.
Orbene, tralasciando ogni considerazione circa l’Ordine della Corona d’Italia, il quale essendo un Ordine statuale di corona istituito in forza delle prerogative attribuite al Re dalla Costituzione del Regno poteva anche considerarsi nella disponibilità dello Stato e non appartenente al patrimonio dinastico di Casa Savoia, la c.d. “soppressione” dell’Ordine della Santissima Annunziata e delle relative onorificenze non può che essere letta come semplice espunzione di quell’Ordine dall’ordinamento statuale, con la conseguente cessazione della natura “nazionale” delle relative onorificenze ed il correlato ulteriore divieto, a tale titolo, di uso pubblico: cioè come rescissione ex lege di quel legame storico, araldico e giuspubblicistico che ne aveva fatto la massima onorificenza italiana durante il periodo della monarchia dei Savoia.
Soppressione dell’Ordine, quindi, intesa come cessazione della sua qualità di Ordine nazionale e soppressione delle relative onorificenze intesa come divieto di uso pubblico.
D’altronde, come avrebbe potuto lo Stato sopprimere qualcosa che non aveva creato e che fondava la propria nascita e legittimazione in tutt’altro ordinamento?
E’ appena il caso di richiamare alla memoria illustri precedenti di soppressione da parte di Stati di Ordini a forte connotazione religiosa e con nobili tradizioni equestri, come il Teutonico in Germania durante il periodo nazista e nei territori dell’Impero francese durante il regno di Napoleone Bonaparte, o quello di San Giovanni in alcuni stati europei passa- ti al protestantesimo, abolizione che, nel tempo, è stata vanificata e giuridicamente posta nel nulla immediatamente dopo, proprio sul presupposto che lo Stato non potesse sopprimere qualcosa che era estraneo al suo ordinamento.
Peraltro, l’Ordine della Santissima Annunziata non è stato “soppresso” dalla Costituzione Repubblicana, neppure tacitamente (ne è riprova il fatto che la sua soppressione fu disposta espressamente per legge nel 1951) ed ha temporaneamente mantenuto la connotazione di Ordine nazionale anche per i primi anni della Repubblica, dal 2 giugno 1946 sino all’entrata in vigore della legge 3 marzo 1951, n. 178, anche se era evidente che si trattava di un Ordine profondamente legato a Casa Savoia ed il suo destino appariva segnato.

Il Capo Provvisorio dello Stato, dopo l’assunzione della funzione e del titolo di Presidente della Repubblica in forza della prima disposizione transitoria della Costituzione, e dopo di lui il primo Presidente della Repubblica eletto, sebbene a loro spettasse la facoltà, ai sensi dell’art. 87 della Costituzione, di conferire le onorificenze della Repubblica, si guardarono bene dall’attribuire onorificenze dell’Ordine dell’Annunziata, considerandolo, evidentemente, una istituzione equestre “non della Repubblica”, ontologicamente estranea al nuovo sistema istituzionale, sebbene ancora formalmente riconosciuta come Ordine Cavalleresco nazionale.
In buona sostanza l’atteggiamento dei Presidenti della Repubblica ha solo anticipato quello che sarebbe stato l’atteggiamento della Repubblica verso la principale onorificenza monarchica: una posizione, potremmo dire, di fisiologica estraneità, con ciò stesso riconoscendo implicitamente in capo al Re in esilio il permanere della qualità di Capo di quell’Ordine come patrimonio della monarchia e della Casa Reale di Savoia.
In effetti, uno Stato può decidere di ignorare o di non prestare tutela giuridica a soggetti e situazioni originate e radicate in altri ordinamenti, ma non può certo interferire sulla loro esistenza o evoluzione: d’altronde, come ha insegnato la migliore dottrina (Romano), non esiste un solo ordinamento, ma una pluralità di ordinamenti, ciascuno con proprie regole e normative, spesso anche confliggenti ma non per questo sempre influenzabili reciprocamente secondo un criterio di superiorità gerarchica, dovendosi spesso applicare un principio di reciproca non interferenza.


In buona sostanza la posizione dell’Ordine della Santissima Annunziata e delle sue onorificenze è divenuta nel regime repubblicano, né più, né meno, che identica a quella degli altri Ordini dinastici pre-unitari (e tale esso era in quanto nato come Ordine della Contea – poi Ducato – di Savoia prima, del Regno di Sardegna poi e, infine, di quello d’Italia): cioè, sostanzialmente estranea all’ordinamento statale italiano, patrimonio araldico della Casa Savoia che può continuare a disporne nei termini ritenuti più opportuni, con un uso delle onorificenze assoggettato in Italia, anche per quelle già concesse nel periodo monarchico, all’autorizzazione del Ministero per gli Affari Esteri, atto, quest’ultimo, con valenza, però, anche politica e di ordine pubblico ed, in quanto tale, altamente discrezionale.
In tal senso può sostenersi che il venir meno del divieto costituzionale di rientro in Italia degli eredi maschi di Casa Savoia – il cui valore politico di svolta istituzionale e di pacificazione nazionale non può certo sfuggire – può costituire il presupposto per la possibilità di una valutabilità positiva di simili richieste di autorizzazione, trattandosi di un Ordine che non connota più, nel presente contesto storico, una potenziale non condivisione dell’idea repubblicana ma si configura, più semplicemente, come il più elevato strumento di apprezzamento e valorizzazione, da parte della ex Casa Reale italiana (alla quale, nel bene e nel male, l’Italia deve la propria evoluzione da semplice espressione geografica a soggetto politicamente unitario) – come tutte le altre ex Case Reali indiscutibile fons honoris – su basi di esclusiva tradizione storico-araldica, verso tutti “quei personaggi segnalati per eminenti servigi nelle alte cariche civili”, e ciò a prescindere da ogni convincimento politico, “ed anche quei personaggi che nella vita privata abbiano acquistato universalmente nome ed autorità di luminari d’Italia o di benefattori della Nazione” (art. II del R.D. 3 giugno 1869).
In sintesi: l’Ordine della Santissima Annunziata, in quanto Ordine Dinastico di Casa Savoia, non è stato soppresso, nel senso che non esiste più come soggetto giuridico: solo gli è stato revocato lo status di Ordine nazionale e le sue onorificenze, anche quelle conferite durante il periodo monarchico, sono state, per così dire, mandate in esilio insieme al Capo di Casa Savoia, con attribuzione dello status giuridico di Ordine non nazionale le cui onorificenze sarebbero autorizzabili con decreto del Ministero degli Affari Esteri; autorizza- zione che non era ipotizzabile, in concreto, sino a che permaneva il divieto di rientro in Italia degli eredi maschi della Casa Reale, ma che non sembra incontrare più seri ostacoli di opportunità politica e di ordine pubblico nel momento in cui tale divieto è venuto meno. Sarebbe, invero, assai singolare che si temessero, per la stabilità della Repubblica, più le onorificenze che la persona di colui che le conferisce.
Vicende del tutto simili si sono verificate in altre parti d’Europa, come in Portogallo, con l’Ordine di Nostra Signora della Concezione di Villa Viçiosa, ed in Montenegro, con l’Ordine di Danilo I.
L’Ordine di Villa Viçiosa fu istituito a Rio de Janeiro il 6 febbraio 1818 da Don Giovanni VI Re del Portogallo ed Imperatore del Brasile e fu soppresso con l’avvento della Repubblica, nel 1910, insieme a quello prestigiosissimo del Cristo ed all’Ordine di Santa Isabella.
Mentre, però, l’Ordine del Cristo fu ripristinato il 1° dicembre del 1918 come Ordine repubblicano, quelli di Nostra Signora di Villa Viçiosa e di Santa Isabella non furono più ripristinati e la Casa Reale portoghese, rinunciando a rivendicare – per evidenti motivi di opportunità politica – quello sicuramente pure dinastico del Cristo, li considerò, insieme a quello dell’Ala di San Michele (da secoli non più conferito e solo recentemente ripristinato), come i propri Ordini Dinastici.
Il Governo Portoghese, infine, sulla base del ricomposto rapporto istituzionale con la ex Casa Reale portoghese ha poi riconosciuto la personalità giuridica dell’Ordine di Villa Viçiosa, catalogandolo però come Associazione Culturale, con provvedimento pubblicato in Gazzetta Uff. – III Serie del “Diario della Repubblica, n. 200, foglio 10.740 del 1.9.1981. In conseguenza di ciò le relative insegne possono essere portate dai cittadini portoghesi senza alcun problema, anche se non possono essere usate dai militari sulle divise. A ciò si aggiunga che molti personaggi delle istituzioni e dello stesso Governo repubblicano ne sono stati insigniti ed hanno accettato l’onorificenza.
L’Ordine di Danilo I, invece, fu istituito dal Principe Danilo I Petrovich-Njegosh il 23 aprile 1853 e costituì, dopo l’Ordine della Casa di San Pietro, la massima onorificenza del Regno del Montenegro: in atto, ne è insignito persino il presidente della Repubblica del Montenegro.
Pur nella diversità di legislazione (il Portogallo, ad esempio, non ha la rigida normativa italiana in materia di onorificenze ed è sufficiente registrare come associazione un Ordine per poter fare uso delle relative insegne), non si comprende per quale motivo una situazione analoga di “riconoscimento” dei valori etici e storici che simili istituzioni hanno incarnato per secoli (e possono continuare ad incarnare) per una Nazione non possa verificarsi anche in Italia per l’Ordine Supremo della Santissima Annunziata.
Parzialmente diversa appare la posizione dell’Ordine dei Santi Maurizio e Lazzaro.
In questo caso, non solo le onorificenze già concesse nel periodo monarchico sono state mantenute ma lo stesso Ordine è sopravvissuto alla caduta della monarchia, perdendo, però, a decorrere dall’entrata in vigore della legge n. 178/51, la qualità di Ordine equestre.
Soccorre la stessa considerazione già fatta per l’Ordine della Santissima Annunziata: l’Ordine dei Santi Maurizio e Lazzaro è sopravvissuto come Ordine equestre dal 2 giugno 1946 sino all’entrata in vigore della legge 3 marzo 1951, n. 178, ma, a differenza della Santissima Annunziata, è stato considerato, in quel periodo, un vero e proprio Ordine nazionale, tant’è che l’art. 9 della legge n. 178/51 citata ha disposto solo che cessasse il conferimento delle onorificenze, salvo il diritto all’uso di quelle già concesse. Da quel momento in poi l’Ordine ha conservato solo la natura di ente ospedaliero (che mantiene tutt’oggi).
Anche per l’Ordine dei Santi Maurizio e Lazzaro, però, i Presidenti della Repubblica si guardarono bene dal continuare nei conferimenti, non perché considerassero l’Ordine estraneo alla Repubblica (la XIV disposizione finale e transitoria della Costituzione ne aveva espressamente previsto la conservazione come ente ospedaliero), ma perché la sua funzione equestre (rectius: onorifica) aveva avuto il destino già segnato in Costituzione – l’espressione “è conservato come ente ospedaliero”, anche se non è inserito l’avverbio “solo” intende evidenziare, quanto meno, e ciò con sufficiente chiarezza, un certo non gradimento (non un divieto precettivo), da parte del costituente, per l’ipotesi che l’Ordine potesse essere conservato “anche” come Onorificenza nazionale” – in quanto, nonostante le benemerenze socia- li dell’Ordine, si trattava di un’istituzione considerata troppo legata alla memoria dei Savoia.
L’Ordine, pertanto, pur sopravvivendo in epoca repubblicana, ha perso in ambito statale, a partire dall’entrata in vigore della legge n. 178/51, la connotazione equestre.
Anche in questo caso, però, la vicenda giuridica va ricondotta entro i giusti argini.

L’Ordine Mauriziano è nato come ordine religioso e militare, con bolla del Sommo Pontefice Gregorio XIII del 16 settembre 1572, sotto la regola cistercense, con attribuzione ai Capi di Casa Savoia, a titolo ereditario, del Gran Magistero; lo stesso Pontefice, con bolla del 13 novembre dello stesso, vi riuniva l’Ordine di San Lazzaro, confermando la cessione del Gran Magistero di quest’Ordine ai Savoia compiuta da Giannetto Castiglione il quale era stato, in precedenza, nominato a tale carica dal Pontefice Pio IV suo parente. Tale riconoscimento da parte dei Romani Pontefici non è mai venuto meno, neppure dopo la secolarizzazione dell’Ordine compiuta da Vittorio Emanuele II, tant’è che Papi come Benedetto XIV e Pio VI fecero richiesta ai Gran Maestri di Casa Savoia perché l’Ordine venisse conferito ad alcuni loro congiunti.

L’Ordine Mauriziano, quindi, seguendo la stessa sorte di quello della Santissima Annunziata, fu associato alle sorti degli Stati che via via venivano governati dai Savoia, divenendo, dopo quello della Santissima Annunziata, l’onorificenza più ambita.
Peraltro, il cospicuo patrimonio immobiliare dell’Ordine (Chiese ed Ospedali) e l’amministrazione in genere, costituirono un corpo separato dallo Stato, alle cui regole di contabilità pubblica non soggiacevano.
Anche in questo caso, pertanto, più che di una soppressione del carattere equestre dell’Ordine deve, più correttamente, parlarsi di espunzione del Mauriziano, come Ordine equestre, dall’Ordinamento statale. Se si trattasse di una società si parlerebbe di “scorporo di ramo d’azienda”: quello assistenziale definitivamente attratto nell’ambito statale e quello equestre rilasciato, come estraneo all’ordinamento statale, ai legittimi titolari dell’Ordine, cioè Casa Savoia.
In buona sostanza l’Ordine dei Santi Maurizio e Lazzaro, dopo l’entrata in vigore della legge n. 178/51 è divenuto, a tutti gli effetti, per quel che riguarda la sua valenza equestre ed onorifica, un Ordine non nazionale, per cui le onorificenze rilasciate prima dell’entrata in vigore della legge n. 178/51 – in ipotesi, ma ciò non è accaduto, anche quelle concesse dai Presidenti della Repubblica sino a quella data – potrebbero essere portate come onorificenze nazionali (ovviamente non quelle concesse dal Re in esilio), mentre quelle successive a tale data (e quelle comunque concesse in ogni tempo dal Re in esilio) potrebbero essere autorizzate all’uso come quelle di qualsiasi altro Ordine Dinastico.
Peraltro, in favore dell’Ordine Mauriziano depone anche la circostanza che, diversamente da quanto è accaduto per quello della Santissima Annunziata, l’Ordine non è stato mai soppresso dallo Stato italiano, né alle sue onorificenze è stato attribuito un disvalore istituzionale che invece, con la soppressione dell’Ordine e delle relative onorificenze, il legislatore ha inteso attribuire a quello della Santissima Annunziata.
Paradossalmente, comunque, può affermarsi, in conclusione, che sia per l’Ordine della Santissima Annunziata (nella forma della soppressione) che per quello Mauriziano (nella forma della trasformazione in ente meramente ospedaliero ed assistenziale), le norme statali che li hanno espunti dall’ordinamento statale come Ordini equestri, rilasciandoli alla sola sfera del diritto araldico-cavalleresco, costituiscono il fondamento, per lo stesso ordinamento statale, del riconoscimento della loro natura di Ordini Dinastici non nazionali e, quindi, del relativo trattamento al fine dell’autorizzazione all’uso delle loro onorificenze.
Va, infine, segnalato, che mentre il Principe Vittorio Emanuele di Savoia, da quando è succeduto al padre S.M. Umberto II, ha sempre continuato nei conferimenti degli Ordini Dinastici, rivendicandone quale Capo della Casa la titolarità del Gran Magistero, il Principe Amedeo di Savoia-Aosta, dal momento in cui ha ufficialmente rivendicato per sé la medesima titolarità di Capo della Casa di Savoia e Gran Maestro degli Ordini Dinastici, si è limitato ad affidarne il governo al proprio figlio ed erede il Principe Aimone di Savoia-Aosta, il quale con provvedimento del 19 settembre 2006 ne ha sospeso ogni attività (e relative nuove nomine), in attesa di una preannunciata nomina di una commissione per il loro riordino.
Di Pino Zingale , Rettore dell’Accademia Teutonica “Enrico VI di Hohenstaufen” y Cavaliere della Casa Troncal de los Doce Linajes de Soria.

Premessa.
Le recenti diatribe sulla titolarità della successione a capo della Casa Reale di Savoia e, prima ancora, sulla gestione del patrimonio morale della ex Casa Reale, hanno riaperto il dibattito, invero mai chiuso, sulla persistenza della facoltà di conferimento da parte dei Duchi di Savoia delle onorificenze degli Ordini Dinastici patrimonio araldico della loro Famiglia, anche alla luce di quella pacifica giurisprudenza del Consiglio di Stato (cfr. Cons. Stato, Sez. I, 26/11/1981, n. 1869) che ha riconosciuto ai titolari di altre ex Case Reali italiane pre-unitarie tale facoltà (in atto il Capo della Casa Ducale di Borbone Parma per l’ex Ducato di Parma e Piacenza, il Capo della Casa Granducale di Asburgo Lorena per l’ex Gran Ducato di Toscana ed il Capo della Casa Reale di Borbone Due Sicilie per l’ex Regno delle Due Sicilie hanno avuto riconosciuto ufficialmente dal Ministero per gli affari esteri la facoltà di conferire alcuni degli Ordini cavallereschi patrimonio araldico delle loro famiglie).
Motivi di ordine costituzionale (che oggi possono considerarsi superati a seguito dell’entrata in vigore della legge costituzionale 23 ottobre 2002, n. 1) hanno impedito, sinora, che un simile riconoscimento potesse persino ipotizzarsi in favore dei Capi di Casa Savoia, soggetti espressamente dichiarati non elettori ed interdetti dagli uffici pubblici e dalle cariche elettive, ai quali era pure vietato l’ingresso e il soggiorno nel territorio nazionale) e non, si badi bene, quali Capi della ex Casa Reale italiana, ma anche solo quali semplici Capi della Casa Ducale di Savoia alla quale entrambi gli Ordini dei quali qui si discute riferiscono le proprie origini storiche e giuridiche.
La rinuncia di fatto ad ogni pretesa di restaurazione monarchica da parte di entrambi gli attuali pretendenti, non disgiunta da un tacito riconoscimento della legittimità dell’attuale regime repubblicano, in presenza anche di illustri conferimenti di tali Ordini a rappresentanti di Stati esteri e ad esponenti delle stesse istituzioni repubblicane italiane, senza che ciò abbia provocato particolari reazioni ufficiali, consentono di avviare una pacata riflessione sulla possibilità o meno che, a legislazione vigente, anche ai due più importanti Ordini Equestri della storia d’Italia (ed ai valori religiosi, etici, sociali e morali che essi hanno rappresentato) possa essere restituita cittadinanza nel nostro attuale ordinamento.
1. Nota storica sull’Ordine Supremo della Santissima Annunziata.Verso la metà del quattordicesimo secolo, Amedeo VI di Savoia, detto il conte Verde, resosi conto che l’Impero Greco era minacciato dai Turchi radunò a Venezia una flotta e fece vela per Costantinopoli, liberò dalle mani dei Bulgari l’imperatore Giovanni Paleologo ed ottenne che lui e la chiesa scismatica di Costantinopoli tornassero alla piena comunione con quella cattolica: ciò avvenne mediante l’atto di sottomissione che l’imperatore fece a Roma al Pontefice Urbano VI (1366-67).

Anche per queste gesta Amedeo VI è unanimemente considerato la più nobile espressione della cavalleria del medio evo.
La tradizione fa risalire le origini dell’Ordine Supremo della Santissima Annunziata all’Ordine del Cigno Nero, fondato proprio da Amedeo VI di Savoia nel 1350 (in occasione delle nozze della sorella Bianca con Galeazzo II Visconti).
All’Ordine del Cigno Nero appartenevano cavalieri di cinque province: Savoia, Genovese, Bressa, Borgogna e Viennese. I membri dell’Ordine portavano per insegna una lastra circolare d’argento con un cigno nero beccato e piotato di rosso.
Dopo poco più di dieci anni il Duca fondò l’Ordine del Collare di Savoja, composto di quindici cavalieri, per onorare le quindici “allegrezze” della Beata Vergine Maria e di tutta la Corte celeste. La decorazione consisteva in un collare d’argento dorato, formato di nodi d’amore e di rose. Dal collare pendeva una ghirlanda formata di tre nodi intrecciati, i famosi nodi di Savoia.

In origine lo scopo dell’Ordine era di “indurre unione e fraternità tra i potenti sicché si evitassero le guerre private”. I Milites Collaris Sabaudiae furono prima limitati a 15, per essere in seguito aumentati, nel 1518, a 20 da Carlo III il Buono, e nel 1429 il primo Duca di Savoia, Amedeo VIII il Pacifico, aggiunse alla decorazione il motto FERT. Nei secoli, gli araldisti provarono a scoprire il significato di queste quattro lettere, senza però riuscirvi.
Gli statuti originali dettati da Amedeo VI per l’Ordine del Collare di Savoja sono andati persi e sino ai giorni nostri sono stati tramandati solo quelli approvati dal Gran Maestro il Duca Amedeo VIII nel 1409.
Carlo III, il Buono, nell’anno 1518, per onorare le cinque piaghe di Cristo, elevò il numero dei cavalieri da quindici a venti e collocò nel cuore della ghirlanda formata dai tre nodi o lacci d’amore, l’effigie della Beata Vergine Maria, annunziata dall’arcangelo San Gabriele e per questo motivo l’Ordine assunse, da tale data, il titolo della Santissima Annunziata.
Nel 1580, il duca Emanuele Filiberto prescrisse la nobiltà, da almeno cinque generazioni, per essere ammessi nell’Ordine, requisito che fu mantenuto per circa tre secoli.
Il Re Vittorio Emanuele II, con D.R. 3 giugno 1869, riformò nuovamente l’Ordine, prescrivendo sempre il numero di venti cavalieri, oltre al Sovrano Gran Maestro, il Principe ereditario, gli ecclesiastici e gli stranieri. Sempre lo stesso Sovrano, prescrisse che l’ammissione all’Ordine spettasse a coloro che avevano reso altissimi servizi, nelle più alte magistrature civili e militari, indipendentemente dall’appartenenza al ceto nobiliare. La scelta dei cavalieri, però, fu sempre ed esclusivamente riservata al Re nella sua qualità di “Capo e Sovrano dell’Ordine”.
Umberto I di Savoia, nel 1876, conferì la carica di cancelliere dell’Ordine Supremo della Santissima Annunziata al Presidente del Consiglio dei Ministri.
I cavalieri avevano la precedenza, nelle cerimonie, su tutte le più alte cariche dello Stato e godevano dei titoli di Eccellenza e cugino del Re, oltre alla nobiltà personale; essi, inoltre, venivano ascritti d’ufficio negli Ordini dei Santi Maurizio e Lazzaro e della Corona d’Italia, con il grado di Gran Cordone.
Dal 1362 ad oggi figurano investiti oltre ottocentotrenta Cavalieri dell’Annunziata, dei quali solo otto hanno perso il collare o sono decaduti, per vari motivi.
La Costituzione repubblicana nulla dispose relativamente all’Ordine Supremo della Santissima Annunziata, mentre per l’Ordine dei Santi Maurizio e Lazzaro la XIV disposizione finale e transitoria stabilì che fosse conservato come ente ospedaliero.
I conferimenti continuarono, però, da parte del re Umberto II in esilio, sino alla sua morte.
L’art. 9 della Legge 3 marzo 1951, n. 178 ha stabilito la soppressione dell’Ordine della SS. Annunziata e delle relative onorificenze.

Casa Savoia, all’esaurirsi della dinastia borgognina nel 1032, raccolse l’eredità di questa tradizione, insieme al dominio su quei territori. Tra i simboli dell’investitura vi era anche un anello con una pietra ovale d’agata, con intagliato un cavaliere, che la tradizione vuole essere appartenuto a S. Maurizio; l’anello andò perso durante la Rivoluzione Francese.
L’effige di S. Maurizio la si ritrova anche in una delle bandiere di devozione usate in guerra da Amedeo VI (il Conte Verde fondatore dell’Ordine del Collare di Savoia, poi Ordine Supremo della Santissima Annunziata), accanto a quelle raffiguranti Nostra Signora e San Giorgio.

Questa radicata devozione si concretizzò, al principio del 1400, nella fondazione ad opera di Amedeo VIII, primo duca di Casa Savoia, di un monastero sulle rive del lago di Ginevra, a Ripaille, dedicato a S. Maurizio e sotto la regola di S. Agostino. Proprio in quel monastero, dopo più di quaranta anni di regno, si ritirò lo stesso Amedeo VIII, dando vita ad una insolita sacra milizia.
Nel 1422 gli era morta la moglie, Maria di Borgogna, ma consapevole che l’erede Ludovico, Principe di Piemonte, non era ancora in grado di reggere il governo dello Stato, egli si ritirò nel monastero senza lasciare del tutto il potere. Diede così vita ad un’originale sintesi, dividendosi tra i doveri del governo e la vita eremitica. Cinque suoi consiglieri condivisero la scelta, dando inizio al nuovo Ordine. I cavalieri scelsero come abito un saio di panno grigio contrassegnato dalla croce trifogliata.
Nel 1439 Amedeo VIII fu eletto Papa dal concilio riunitosi a Basilea. Accettato per obbedienza il pontificato, lasciò un testamento riguardante l’ordine dei cavalieri romiti di S. Maurizio, in cui prescriveva di accogliere solo persone di provata integrità e prudenza, esperte in affari di governo, non trattenute da impedimenti secolari, per servire Dio nella solitudine ed il principe non con l’esercizio attivo, ma con consigli.
Lasciato il papato nel 1449 per porre termine allo scisma che la sua elezione aveva determinato, egli si ritirò nuovamente in solitudine; morì il 7 gennaio 1451 a Ginevra ed il suo corpo fu trasferito a Ripaille e, più tardi, nella Cappella della Sindone a Torino. Con l’elezione al papato anche i suoi compagni lo seguirono a Roma ed ebbe così termine la prima fase della vita dell’Ordine di S. Maurizio.
Dovettero passare più di cento anni perché il principe Emanuele Filiberto, risollevate le sorti del regno, ricostituisse anche l’Ordine di S. Maurizio.

Il 16 settembre 1572 papa Gregorio XIII approvò la nascita del nuovo Ordine di S. Maurizio, come ordine militare e religioso sotto la regola cistercense, ed affidò ad Emanuele Filiberto ed ai suoi successori il titolo di gran magistero; con bolla papale del 13 novembre dello stesso anno ebbe luogo la fusione tra l’Ordine di S. Maurizio e l’Ordine di S. Lazzaro.
In tal modo i Savoia divennero Gran Maestri ereditari dei due Ordini riuniti, che furono posti sotto la regola di Sant’Agostino. Il Duca in tale occasione fondò due Case Conventuali con sede a Nizza e Torino. In seguito sorsero ad opera dell’Ordine riunito dei Santi Maurizio e Lazzaro diversi ospedali ed opere caritatevoli. L’ammissione all’Ordine era sottoposta a vincoli: nobiliari di quattro quarti di nobiltà familiare, oltre ai voti di povertà, obbedienza, e castità coniugale. I cavalieri dovevano combattere per la Fede Cattolica.
Nel 1729 Vittorio Amedeo II di Savoia, Re di Sardegna, concesse all’Ordine la basilica di San Paolo a Torino che assunse così il nome di Basilica dei Santi Maurizio e Lazzaro, divenendo la Basilica magistrale. In tale basilica in seguito si fusero la Compagnia di Santa Croce e dei Santi Maurizio e Lazzaro, trasformandosi nella Reale Arciconfraternita dei Santi Maurizio e Lazzaro, tuttora fiorente.
L’Ordine sino al 1832 era distinto nella classe dei Cavalieri di Giustizia (con prove di nobiltà) e nella classe dei Cavalieri di Grazia (ammessi per meriti personali) in certi casi nobilitati dall’Ordine stesso. L’Ordine conferiva la nobiltà personale (che, se concessa per tre generazioni consecutive, diveniva ereditaria).
Nel 1894, dopo la proclamazione dello statuto, l’Ordine fu riunito in un’unica classe di Cavalieri, abbandonando le prove nobiliari, la nobilitazione e la professione religiosa. Nel Regno d’Italia, per essere insigniti dell’Ordine dei Santi Maurizio e Lazzaro, si doveva essere in possesso del grado superiore nell’Ordine della Corona d’Italia. I gradi erano: Cavaliere di Gran Cordone; Grande Ufficiale; Commendatore; Ufficiale e Cavaliere.
Come già detto nel paragrafo precedente, la Costituzione repubblicana ha disposto, per l’Ordine dei Santi Maurizio e Lazzaro (XIV disposizione finale e transitoria), che fosse conservato come ente ospedaliero, mentre i relativi conferimenti continuarono, dalla sede dell’esilio, da parte del re Umberto II, sino alla sua morte.
L’art. 9 della Legge 3 marzo 1951, n. 178, infine, a differenza di quanto disposto per l’Ordine della Santissima Annunziata, ha stabilito solo la cessazione del conferimento delle relative onorificenze, consentendone, però, l’uso per quelle già concesse, escluso ogni diritto di precedenza nelle pubbliche cerimonie.
3. Natura giuridica dell’Ordine supremo della Santissima Annunziata e dell’Ordine dei Santi Maurizio e Lazzaro.Una prima suddivisione degli Ordini Cavallereschi si è avuta nel secolo XVI, per merito del Sansovino che, nella sua opera “Dell’origine dei Cavalieri”, pubblicata nel 1566, distingue i Cavalieri nelle seguenti tre categorie: Cavalieri di Croce, di Collana e di Sperone.

Alla prima categoria appartenevano gli Ordini crocesignati, quali l’Ordine di San Giovanni di Gerusalemme, l’Ordine Teutonico, del Tempio di Gerusalemme, di Calatrava ed altri, dall’insegna che portavano sull’abito. Ai Cavalieri di Collana appartenevano invece i massimi Ordini dinastici creati dalle più importanti Case regnanti d’Europa. In tali Istituzioni rientravano l’Ordine Supremo della Santissima Annunziata, della Giarrettiera, di San Michele, del Toson d’Oro. Alla terza categoria appartenevano i Cavalieri, la cui nomina faceva parte del complesso delle investiture create dai Regnanti Pontefici e dai Sovrani e poi delegate a feudatari e Cavalieri anziani.
Nel tempo, vari studiosi continuarono a classificare gli Ordini Cavallereschi, sotto vari profili.
Ai giorni nostri, la maggior parte degli studiosi, classifica gli Ordini cavallereschi come segue: Ordini Statuali chiamati anche di merito, i quali formano il patrimonio araldico di uno Stato. Tali Ordini sorgono, per lo più, nel secolo scorso con lo scopo di premiare le benemerenze civili e militari dei cittadini e traggono il loro fondamento giuridico nella sovranità dello Stato che li ha istituiti. Nel caso di una nazione retta da una monarchia, gli Ordini Cavallereschi si chiamano Statuali o di Corona, ma in questo caso il Re ne dispone unicamente in qualità di Capo dello Stato non come patrimonio araldico della sua Dinastia; Ordini Sovrani: in questa categoria rientra, attualmente, solo il Sovrano Militare Ordine Ospedaliero di San Giovanni di Gerusalemme, detto di Rodi, detto di Malta, in quanto mantiene la sua natura di ente sovrano, anche se non mancano valide argomentazioni a favore anche dell’Ordine Teutonico che, tuttavia, in atto non esercita alcuna prerogativa sovrana. Ordini Dinastici: rientrano in tale categoria gli Ordini Cavallereschi che appartengono al patrimonio araldico di una Dinastia Sovrana. Se la Dinastia è regnante, gli Ordini si chiameranno dinastici statuali, in quanto messi a disposizione dello Stato per conferire onori e per premiare particolari benemerenze. Se la Dinastia non è più regnante, gli Ordini si chiameranno dinastici non nazionali, in quanto la persona del Capo della Real Casa conserva il jus collationis dei suoi Ordini Cavallereschi. Infatti tali Ordini traggono origine, per la massima parte, da Bolle Apostoliche di Approvazione. L’Ordine familiare, invece, riguarda l’istituzione cavalleresca che appartiene al patrimonio araldico di una famiglia sovrana o già sovrana, senza essere mai stato messo a disposizione della Nazione.
La suddetta classificazione, di origine prettamente dottrinaria, è stata sostanzialmente recepita dalla nostra giurisprudenza, ed in particolare dal Consiglio di Stato il quale, nell’ormai celebre parere n. 1869/81, ha osservato che il corretto inquadramento della fattispecie “Ordini non nazionali” presa in considerazione dalla legge n. 178/51 e non chiarita legislativamente, necessita di una correlazione al sistema della legge medesima la quale, nell’istituire l’ordine “al merito della Repubblica italiana”, ha dettato norme per l’uso o il divieto di onorificenze, decorazioni e distinzioni cavalleresche diverse. Il criterio seguito dal legislatore del 1951 è stato quello di non innovare circa l’uso delle onorificenze della Santa Sede, dell’Ordine equestre del Santo Sepolcro e del S.M.O.M.; di vietare rigorosamente e penalizzare il conferimento e l’uso di onorificenze di enti, associazioni o privati; di sopprimere l’Ordine della SS. Annunziata e relative onorificenze, nonché quello della Corona d’Italia, con cessazione del conferimento ulteriore delle onorificenze dei Santi Maurizio e Lazzaro.
Nei confronti delle onorificenze conferite da Stati esteri (ad eccezione del S.M.O.M. le cui onorificenze sono equiparate a quelle nazionali e non necessitano, quindi, di nessuna autorizzazione) o da “Ordini non nazionali”, lo stesso legislatore ha previsto un apposito procedimento autorizzatorio, su proposta del Ministro per gli Affari esteri (tranne che per le onorificenze conferite dalla Santa Sede e quelle dell’Ordine Equestre del Santo Sepolcro – di subcollazione pontificia – per le quali è competente la Presidenza del Consiglio dei Ministri).
Dal quadro normativo indicato emerge, dunque, il divieto di onorificenze nazionali diverse da quelle “al merito della Repubblica” e l’autorizzabilità di quelle estere, sia statuali che non statuali.
Ma cosa si intende per “Ordini non nazionali”?
Il criterio adottato dal legislatore, secondo il Consiglio di Stato, induce a ritenere, anche sulla base del fatto che la proposta è riservata al Ministero degli Affari esteri, che gli “Ordini non nazionali” siano, in linea di principio, quelli totalmente estranei all’ordinamento italiano, ma non per questo necessariamente emanazione di un ordinamento statuale straniero.
Infatti, da una parte lo Stato italiano vieta assolutamente a soggetti dell’ordinamento interno il conferimento di onorificenze e, dall’altro, si riserva di autorizzare, in favore di cittadini italiani, quelle promananti da Stati esteri e da Ordini (cavallereschi) “non nazionali”, segno evidente della estraneità di questi ultimi anche dalla diretta sovranità dei primi.
Si tratta, allora, di una categoria di Ordini, cioè di istituzioni cavalleresche, costituiti ed operanti all’estero, ma non espressione di ordinamenti statuali sovrani.
Invero, oltre al duplice elemento della non coincidenza con la sovranità statuale di Stati esteri e della estraneità all’ordinamento italiano, appare necessario all’individuazione dell’Ordine “non nazionale” un riconoscimento che ne identifichi l’esistenza e ne legittimi giuridicamente la dignità cavalleresca.

Ora, tale riconoscimento, mentre per quanto detto non può essere ricercato nell’ordinamento italiano, deve rinvenirsi in quello di ordinamenti stranieri, come l’ordinamento canonico (della Santa Sede), ovvero di Stati esteri, compreso, fra questi, l’ordinamento del Sovrano Militare Ordine di Malta.
Questa posizione risulta confermata e meglio specificata nel rapporto conclusivo redatto il 18 aprile 1996 per il Ministero degli Affari Esteri dal Gruppo di Studio sugli Ordini cavallereschi presieduto dal Prof. Umberto Lenza, nel quale è stato sottolineato che possono essere considerati ordini non nazionali gli ordini cavallereschi “quasi ordini religiosi” e gli “ordini di collana”, e cioè quelli creati da un Sovrano non quale capo di Stato ma quale capo della propria famiglia.
Nel successivo parere n. 813/01, emesso sempre dalla Prima Sezione del Consiglio di Stato, si osservò che per “ordini non nazionali” dovessero essere identificati quelli “costituiti ed operanti all’estero, ma non espressione di ordinamenti statuali sovrani”, e che per l’identificazione dell’”ordine non nazionale”, è indispensabile “un riconoscimento che ne identifichi l’esistenza e ne legittimi giuridicamente la dignità cavalleresca”, e che non può, ovviamente, essere rinvenuto nell’ordinamento italiano ma deve essere, invece, rintracciato negli ordinamenti stranieri, come quello canonico o come quelli di stati esteri.
Nel “sistema” della legge n. 178 del 1951 un ruolo decisivo è, pertanto, svolto dall’autorizzazione del Ministro per gli Affari Esteri di cui all’art. 7, dal momento che essa costituisce lo strumento indispensabile per l’utilizzazione, nel territorio della Repubblica, delle onorificenze rilasciate, per quel che in questa sede rileva, da “ordini non nazionali”. Attraverso tale autorizzazione il Ministro degli Esteri effettua tutte le valutazioni discrezionali connesse alla possibilità di consentire l’uso, sul territorio nazionale, di onorificenze o distribuzioni non nazionali; il presupposto legittimante dell’esercizio di tale potere è, tuttavia, costituito dall’avvenuto accertamento del riconoscimento, da parte dell’ordinamento straniero interessato, sia dell’esistenza dello “ordine non nazionale” che della sua dignità cavalleresca.
Il sistema normativo che sembra enuclearsi dalle surriferite argomentazione è il seguente:
1. per l’uso delle onorificenze della Santa Sede, dell’Ordine equestre del Santo Sepolcro e del S.M.O.M. valgono le regole già in vigore prima della legge n. 178/51;
2. è vietato rigorosamente il conferimento e l’uso di onorificenze di enti, associazioni o privati;
3. è soppresso l’Ordine della SS. Annunziata e le relative onorificenze;
4. è soppresso l’Ordine della Corona d’Italia;
5. cessa il conferimento delle onorificenze dell’Ordine dei Santi Maurizio e Lazzaro;
6. possono essere autorizzate le onorificenze concesse da Stati esteri;
7. possono essere autorizzate le onorificenze di Ordini non espressione di ordinamenti statuali sovrani, con esclusione di quelli già appartenenti allo Stato italiano e ad altri Stati sia di quelli privi di identità cavalleresca perché non riconosciuti da alcun ordinamento sovrano, riconoscimento che non può essere ricercato nell’ordinamento italiano ma in quelli stranieri, come l’ordinamento canonico (della Santa Sede), ovvero di Stati esteri, compreso, fra questi, l’ordinamento del Sovrano Militare Ordine di Malta.

Quello che sembrerebbe ostacolare in qualche modo tale conclusione è, per l’Ordine della Santissima Annunziata, l’art. 9 della Legge 3 marzo 1951, n. 178, che ha stabilito la soppressione dell’Ordine e delle relative onorificenze e, per quello dei Santi Maurizio e Lazzaro, la XIV disposizione finale e transitoria della Costituzione repubblicana e lo stesso art. 9 della legge citata, i quali hanno stabilito, la prima che l’Ordine dei Santi Maurizio e Lazzaro sia conservato come ente ospedaliero e la seconda che cessi il conferimento delle relative onorificenze, salvo, però, l’uso per quelle già conferite.
Senza contare alcune nomine “di peso” fatte a Cardinali di Santa Romana Chiesa, come Mons. Angelo Sodano il quale, mentre ricopriva la carica di Segretario di Stato, nonostante le prese di posizione ufficiali da parte della Santa Sede relativamente al riconoscimento accordato solo all’Ordine di Malta ed a quello del Santo Sepolcro, è stato creato nel 2002 Cavaliere della Santissima Annunziata.

I due Ordini, pertanto, sebbene sicuramente qualificabili, secondo i principi giurisprudenziali sopra richiamati, come “Ordini Dinastici non nazionali”, non sarebbero autorizzabili all’uso, in Italia, per i cittadini italiani, per una sorta di divieto implicito derivante dalla soppressione per legge dell’Ordine della Santissima Annunziata e dalla cessazione, per disposizione costituzionale e successiva legge ordinaria, dello status di ordine equestre (con conseguente esplicita inibizione di ulteriori conferimenti) per quello dei Santi Maurizio e Lazzaro.
Tale assunto, però, non appare rispondente ad una corretta interpretazione delle norme in questione.
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