En nuestro artículo TÍTULOS NOBILIARIOS: Prescripción Adquisitiva y Falsedad Documental, publicado en este blog el pasado 29 de septiembre de 2010, concluíamos que la validez de la expedición de un título nobiliario quiebra cuando se declara judicialmente por sentencia firme que para la obtención del mismo se ha incurrido en falsedad documental, lo que permite en todo momento el ejercicio por la Administración de su potestad excepcional de revisión de oficio, previa a la declaración de nulidad de pleno derecho de la Real Carta de Sucesión del consiguiente título.
En complemento e ilustración de lo entonces allí expuesto publicamos hoy el Edicto de la notificación, de 17 de septiembre de 2010, publicada el 13 de octubre de 2010 en el Boletín Oficial del Estado, efectuada a don Rafael Gutiérrez de Calderón Attard del acuerdo recaído en el expediente de revisión de oficio de la Orden ministerial de 19 de julio de 1982, por la que se mandó expedir Real Carta de Sucesión en el título de Marqués de Mozobamba del Pozo.
MINISTERIO DE JUSTICIA 34834.
“A la vista de la sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid, Sección 6.ª, de fecha 5 de mayo de 1997, firme tras haber desestimado la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo mediante sentencia de 4 de diciembre de 1998 el recurso de casación interpuesto contra ella en relación con la causa n.º 2.487/91, instruida por el Juzgado de Instrucción n.º 14 de los de Madrid, por delito de falsedad en documento público, por Resolución de la Subsecretaria del Departamento de 17 de septiembre de 2010, se inicia expediente de revisión de oficio, de conformidad con el artículo 102 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, a fin de declarar, previo informe favorable del Consejo de Estado, la nulidad de pleno derecho de la Orden de 19 de julio de 1982, por la que se mandó expedir Real Carta de Sucesión a favor de su fallecido padre, don José Fernando Gutiérrez de Calderón y Scapardini-Andréu en el título de Marqués de Mozobamba del Pozo.
Lo que pongo en su conocimiento para que de acuerdo con el artículo 79 de la citada Ley, pueda aducir alegaciones y aportar documentos u otros elementos de juicio.
Madrid, 17 de septiembre de 2010.
La Consejera Técnica, Ana María Iglesias Hernández.»
Lo que se hace saber a don Rafael Gutiérrez de Calderón Attard, ante la imposibilidad de notificarle en el domicilio por él indicado, de conformidad con el artículo 59.5 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en su redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.
Madrid, 30 de septiembre de 2010.- La Consejera Técnica, Ana María Iglesias Hernández.”
El marquesado de Mozobamba del Pozo fue otorgado el 4 de mayo de 1735 por el Rey Don Felipe V a Don Domingo López del Pozo, Regidor de la ciudad de Guamanga, en el Perú. En 1982 fue rehabilitado por Don José Fernando Gutiérrez de Calderón y Scapardini-Andreu, fallecido en Madrid el 21 de noviembre de 1993.
En este mismo caso se encuentran otros nueve títulos nobiliarios: el ducado de Baños con grandeza de España, los condados de Trivento y Avelino y la baronía de Calonge, los cuatro pertenecientes a Doña Pilar Paloma de Casanova y Barón, actual condesa de Cabra. En la misma situación está el marquesado de Vivanco, en la persona de Don José María Horrillo López del Rey; el marquesado de Villarica de Salcedo, cuya titular es Doña Amparo Urbina Arróspide; los marquesados de Guisa y Torregrosa, siendo sus titulares, respectivamente, Doña María Luisa de Entrambasaguas Fernández y su hija Doña Isabel Serrano de Entrambasaguas; y, por último, el condado de Villapineda, que recae en Doña Carmen Durán de Quiroga, ya fallecida.
La revisión de todos estos títulos se inició a instancia del Consejo de Estado, que emitió el 9 de febrero de 2006 un dictamen en el que insta al Ministerio de Justicia a la revisión de todos los títulos bajo sospecha y a que se proceda a “declarar la nulidad de pleno derecho” de las respectivas órdenes por las que se mandó expedir las Cartas de Sucesión.
Dr. D. Francisco M. de las Heras y Borrero, Presidente de la Diputación de ésta Casa Troncal